Arresto para cuidacoches: el nuevo proyecto en Santa Fe

Este miércoles ingresará a la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca modificar el Código de Convivencia para permitir sanciones con arresto a cuidacoches que actúen sin autorización, especialmente en casos de intimidación o extorsión.

La iniciativa surge en un contexto de creciente tensión en el espacio público y tomó impulso tras un reciente episodio violento en el centro de la capital provincial, que terminó con un cuidacoche imputado por tentativa de homicidio. El hecho aceleró un debate que venía latente: cómo dar herramientas reales a municipios, Policía y Justicia para intervenir.

Hasta ahora, las ciudades contaban con ordenanzas que prohibían la actividad, pero —según los impulsores del proyecto— faltaba un “paraguas legal” provincial que permitiera avanzar más allá de multas administrativas.

🔎 El nuevo régimen: de tareas comunitarias al arresto

El corazón del proyecto es la incorporación de tres artículos al Código de Convivencia, con un esquema progresivo y agravantes específicos.

Sanciones escalonadas (Art. 66 bis)

Quienes cuiden vehículos o limpien vidrios sin autorización podrán recibir:

• Entre 2 y 10 días de tareas comunitarias en una primera instancia.

• Entre 10 y 20 días de arresto en caso de reincidencia.

Se trata de un cambio sustancial: por primera vez se habilitaría la privación de la libertad como sanción contravencional para esta conducta.

Agravantes por extorsión (Art. 66 ter)

Si el pedido de dinero se realiza bajo intimidación, violencia o presión, o en zonas de estacionamiento medido, las penas se duplicarán.

Además, el proyecto apunta también a terceros que toleren o fomenten estas prácticas, como organizadores de eventos masivos. En esos casos, se prevén:

• Multas de hasta 300 JUS

• Clausuras de hasta 30 días

El foco no está solo en quien pide dinero, sino también en las estructuras que puedan sostener la actividad.

Combate a la organización (Art. 66 quater)

Uno de los puntos más sensibles es el que apunta a las denominadas “mafias” o grupos coordinados.

• Si dos o más personas organizan la actividad, se aplicarán penas accesorias de arresto.

• Si existen cabecillas o coordinadores, las sanciones podrán cuadruplicarse.

El objetivo declarado es desarticular redes que “venden” cuadras y ejercen control territorial informal.

⚖️ Más allá de la prohibición: un programa de inclusión

El proyecto no se limita a endurecer sanciones. También crea un Programa de Abordaje Integral de carácter voluntario, reconociendo que detrás del fenómeno existe una problemática social estructural.

El programa contempla:

• Capacitación en oficios para facilitar la inserción laboral formal.

• Intermediación laboral con empresas privadas y organismos públicos.

• Abordaje en salud mental y consumos problemáticos, en casos donde la permanencia en la calle esté vinculada a adicciones.

La lógica es doble: ordenar el espacio público y ofrecer alternativas reales a quienes ejercen la actividad por necesidad extrema.

🏛 Consenso político y aplicación territorial

El proyecto unifica iniciativas de distintos legisladores y cuenta con respaldo político transversal. Intendentes como Juan Pablo Poletti (Santa Fe) y Pablo Javkin (Rosario) ya manifestaron la necesidad de contar con herramientas provinciales que respalden la actuación de inspectores y fuerzas de seguridad.

Según los impulsores, la señal es clara:
“Donde el Estado no ejerce autoridad, alguien más toma el control.”

Con apoyo en ambas cámaras, se espera que el tratamiento avance con celeridad durante el actual período legislativo.