Polémica por un contrato de $113 millones entre Cancillería y una entidad vinculada a la esposa de Sturzenegger

La renovación de un contrato por $113 millones entre la Cancillería argentina y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) desató una fuerte controversia en redes sociales y en el ámbito político, debido a que la directora ejecutiva de la institución es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El acuerdo contempla la capacitación en idiomas para personal diplomático y aspirantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según trascendió, la renovación mantiene el vínculo que la entidad educativa sostiene con Cancillería desde 2018.

La defensa oficial

Ante las críticas, el canciller Pablo Quirno respondió a través de sus redes sociales y aseguró que “no hay absolutamente ninguna irregularidad”.

Desde el Gobierno señalaron que:

• La AACI presta servicios al organismo desde 2018.

• El monto acordado sería equivalente al de aquel año, actualizado por inflación.

• El trámite administrativo habría pasado por múltiples áreas técnicas y jurídicas.

• Existió una contratación previa en 2024 aprobada antes de la asunción presidencial de Javier Milei, cuando Sturzenegger aún no integraba el Gabinete.

Hasta el momento, el ministro Sturzenegger no se pronunció públicamente sobre el tema.

El eje de la controversia

La polémica no gira exclusivamente en torno a la legalidad del procedimiento —que desde el oficialismo sostienen que fue regular— sino al plano ético y político.

Críticos del Gobierno cuestionan que se haya mantenido la modalidad de contratación tratándose de la esposa de un ministro que ha construido su perfil público en torno a la reducción del gasto estatal, la eliminación de estructuras y la disminución de puestos en la administración pública.

Además, señalan que no se explicó por qué no se optó por un proceso alternativo que evitara cualquier posible conflicto de intereses o sospecha de favoritismo.

Debate abierto

El caso reavivó el debate sobre los estándares de transparencia y los límites entre legalidad y ética en la gestión pública. Mientras el Gobierno insiste en que se trata de una contratación con antecedentes y sin irregularidades, sectores opositores y usuarios en redes sociales reclaman mayores explicaciones.