Denuncian a una senadora libertaria y a su marido por aprietes a la ex directora del PAMI de San Luis

La senadora libertaria Ivanna Arrascaeta y su esposo, el empresario Rodolfo Negri, fueron denunciados por amenazar a la ex directora del PAMI de San Luis, Cecilia Morales, quien se había opuesto a convalidar una presunta sobrefacturación de cientos de millones de pesos en favor de la clínica Aconcagua (ex clínica de Fracturas), sus consultorios externos y un centro de rehabilitación perteneciente a Mauricio Negri, cuñado de la legisladora.

Según consta en la denuncia presentada por Morales, Arrascaeta la interceptó el 1° de junio pasado en el aeropuerto de San Luis, cuando se disponía a viajar a Buenos Aires, para exigirle que no le impidiera a uno de los hombres de confianza de su esposo cargar prestaciones por computadora desde afuera del organismo, un mecanismo que, según la denuncia, se utilizaba para simular servicios de las dos clínicas y el centro de día de la familia Negri. "Voy a cortar cabezas, voy a cortar todas las cabezas", habría dicho la senadora mientras sujetaba del brazo a Morales en la fila para abordar el avión.

Detrás de ella, Negri le reprochaba en tono amenazante pero en voz baja que hubiera instruido auditorías a las clínicas de su hermano sin avisarle. "¿Cómo no me vas a avisar de la auditoría que mandan a realizar desde el MPF?", se quejaba el empresario, en referencia a las investigaciones internas dispuestas ante las sospechas de corrupción.

El origen del conflicto

El problema comenzó en septiembre de 2025, cuando Morales asumió la conducción del organismo a pedido de Negri. El empresario, que según fuentes al tanto de la negociación se jacta de ser el dueño de la banca de Arrascaeta, pretendía que la flamante funcionaria y el personal del PAMI aceptaran sus órdenes sin cuestionamientos. Sin embargo, Morales empezó a detectar irregularidades: empleados de la institución comentaron que "la familia Negri le facturaba al PAMI mensualmente más que toda la provincia de Mendoza y más que todo el municipio de La Matanza".

Según las estimaciones de la repartición puntana del PAMI, en septiembre del año pasado los hermanos Negri habrían facturado prestaciones por el equivalente a 1091 millones de pesos; en octubre, la suma fue de 825 millones; en noviembre superaron los 700 millones, al igual que en diciembre, y en enero y febrero de 2026 volvieron a trepar por encima de los 900 millones de pesos.

La investigación judicial

La resistencia de Morales no era ilógica. El 15 de mayo, la auxiliar fiscal Paula Bellotti, miembro de la Unidad Fiscal de Investigaciones de delitos cometidos en el PAMI, envió un escrito al gerente de Legal y Técnica del organismo, Claudio Bargas Modernell, para que remita copias digitales de las auditorías realizadas en la clínica de Mauricio Negri. Bellotti explicó que temía la "posible defraudación contra la administración pública mediante la falsa transmisión de órdenes de prestación correspondientes al módulo Fisiatría" en el centro de día de la familia Negri, y reclamó números de OP, horarios, fechas de emisión, diagnósticos, prescripciones, documentación respaldatoria y montos abonados al prestador.

Fuentes del PAMI explicaron que "no hay forma de que presenten eso porque metían miles de órdenes de prestación y no hay espacio de tiempo para atender esa cantidad de gente". Un empleado recordó que en noviembre de 2025, el apoderado legal de la clínica Aconcagua, Daniel Francisco Pino Adaro, debió responder si "había informado de más una prestación" y comunicó que "la cirugía realizada no había sido cargada en el sistema, posiblemente por un error administrativo o un hackeo técnico".

El tema escaló con la radicación de una denuncia en el juzgado federal de San Luis contra Negri y la senadora, que preside la comisión de Salud del Senado. El empresario organizó entonces una reunión en la sucursal del PAMI en San Luis con Morales y otros empleados jerárquicos, que grabaron la conversación. En ese audio se escucha cómo Negri pretende que Morales suministre información para contestar contra el PAMI y despegarse de la investigación judicial: "Yo lo que quiero es que me faciliten la torpeza de la gestión anterior para que yo me pueda defender sin discutir demasiado porque la realidad es que fue todo bizarro", se lo escucha decir, y minutos después precisa: "yo necesito, con la mejor cara de buenos de ustedes, que digan 'che, pará, este flaco sabe todo lo que pasó', o sea, yo soy malo, ¿entendés? Me sé defender, el vago sabe de esto (...) para que no tenga yo ningún tipo de incumplimiento".

La reunión para mitigar los daños

Ante el escándalo, Lule Menem, que controla en los hechos numerosas delegaciones del PAMI, convocó a una reunión antes del inicio del Mundial para mitigar los daños, en un contexto en el que el gobierno aún estaba asediado por el caso de Manuel Adorni. De ese encuentro participaron, además del riojano, la ex directora Morales, la senadora Arrascaeta, el propio Negri y el ex subdirector ejecutivo del PAMI, Carlos Blas Zamparolo. Según fuentes al tanto de la negociación, Menem habría intentado que la confrontación terminara, pero uno de los presentes deslizó que el dueño de las clínicas "amenazó con formar un monobloque" con la banca de su esposa y "quitar el apoyo y voto a las leyes de LLA, sabiendo que ellos estaban jugados con la cantidad de senadores y querían evitar otro escándalo después de lo de Adorni".

El llamado de atención de la Casa Rosada no detuvo a Negri, quien tampoco renunció a los hostigamientos contra el personal del PAMI. El 25 de junio, una empleada envió un mail al equipo de orientación de la institución denunciando que el prestador recurría a llamados telefónicos para amedrentarla a ella y a sus compañeros, o enviaba al apoderado Pino Adaro, y también amenazaba con despidos. En su mensaje, la mujer narraba una escena de discusión que incluyó "violencia" e "insultos", y solicitaba "la urgente intervención del equipo" de orientación.

En el Congreso, trascendió que esa delegación "tiene varias investigaciones abiertas por defraudación de este prestador". De hecho, la ex directora Morales pedía que se revisaran más de 7 mil órdenes de prestación, desde el año 2024 hasta el 2026, tarea que no pudo terminarse por su intempestiva renuncia. Los aprietes contra la funcionaria solían ocurrir en el bar "Lo de Filippo", en la capital puntana, aunque sus compañeros reconocen que también se habrían presentado en su domicilio hombres que decían responder a Negri.