EL GOBIERNO PROVINCIAL RECONOCE QUE NO PUEDE GARANTIZAR EL INICIO DE CLASES

La reciente confirmación por parte del gobierno nacional de no distribuir los recursos económicos previstos para el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) a las provincias ha añadido tensión a las ya complejas negociaciones salariales entre el gobierno de Santa Fe y los gremios docentes. Esta situación ha puesto en jaque el inicio del ciclo lectivo previsto para el 26 de febrero, según declaraciones del ministro de Educación de la provincia, José Goity.

El Fonid, un complemento salarial destinado directamente a los docentes y financiado por el gobierno nacional, ha sido un pilar en la estructura salarial docente durante 26 años. La incertidumbre sobre su continuidad surgió en la última reunión del Consejo Federal de Educación, donde se informó a los ministros de Educación de las 24 provincias sobre la posibilidad de que el envío de estos fondos se suspendiera. Esta semana, dicha suspensión se confirmó, dejando a las provincias en una posición complicada para cumplir con las expectativas salariales de los docentes.

La disputa se enmarca en un contexto más amplio de dificultades económicas, caracterizado por la inflación y restricciones presupuestarias, lo que complica aún más las negociaciones paritarias con los docentes. Estos últimos han exigido el cumplimiento total del acuerdo paritario del año anterior como condición para comenzar las clases. Ante este escenario, Goity expresó su preocupación: "Hoy no podemos garantizar, lamentablemente, que las clases empiecen el 26 de febrero". Sin embargo, aseguró que el gobierno provincial continuará trabajando hasta el último momento para tratar de garantizar el inicio del ciclo lectivo.

La suspensión del Fonid no solo pone en riesgo el comienzo de las clases, sino que también plantea interrogantes legales sobre la capacidad del gobierno para interrumpir este flujo de fondos, dado que el fondo fue creado por ley y su financiamiento se ha actualizado anualmente a través del presupuesto nacional. Con el presupuesto reconducido y sin una nueva ley que modifique o suspenda el Fonid, se genera un vacío legal que podría llevar a interpretaciones diversas sobre la legalidad de la decisión del gobierno.

Este conflicto subraya la complejidad de las negociaciones salariales en el sector educativo y pone de manifiesto las tensiones entre los niveles de gobierno nacional y provincial, así como entre el gobierno y los sindicatos docentes, en un contexto económico adverso. La resolución de este impasse será crucial no solo para los docentes y su situación laboral, sino también para los estudiantes y familias que esperan el inicio de un nuevo año escolar.