Milei envió al Congreso una ley de soberanía con penas de hasta 20 años por explotar recursos en Malvinas

El Poder Ejecutivo envió esta mañana a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que establece penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten los recursos naturales de las Islas Malvinas. El texto también contempla amplias facultades para el gobierno frente a lo que se consideren "amenazas" extranjeras y, entre otras medidas, habilita el derribo de aviones y el hundimiento de buques.

La iniciativa deroga la Ley 26.659, que prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas, y dispone un nuevo régimen con sanciones más duras que amplía su alcance a toda explotación de recursos naturales. De ese modo, alcanza también a la pesca, la principal actividad de los isleños.

Penalidades y alcance de las sanciones

El proyecto prevé penas de prisión, multas económicas e inhabilitación para quienes participen en actividades prohibidas. También prohíbe "ser socio, accionista o participante directo de un sujeto que desarrolle alguna de las actividades prohibidas" en Malvinas, lo que podría complicar al empresario Eduardo Elsztain, que tiene acciones en la principal empresa de las islas.

Las empresas o personas sancionadas tendrán prohibido desarrollar actividades económicas en Argentina durante el plazo de la inhabilitación, perderán todas las exenciones impositivas que tengan y se rescindirán los contratos "en los que sea parte por sí o por intermedio de personas controladas o vinculadas". Esto pone en riesgo a firmas vinculadas a la actividad petrolera que operan en Vaca Muerta y tendrían alguna relación con el proyecto "Sea Lion", e incluso a algunas que ingresaron al RIGI. Además, se prohíbe al Estado nacional y a las provincias contratar con esas empresas.

En cuanto a las condenas, quienes provean algún servicio para los que exploten recursos en las islas enfrentan penas de entre 5 y 7 años de prisión. Para los que exploren hidrocarburos, las penas van de 12 a 15 años, y para quienes los extraigan, de 15 a 20 años. La explotación de recursos naturales no renovables, como la pesca, tiene previstas condenas de 12 a 20 años de prisión.

Consejo de Seguridad Nacional y reforma del Código Penal

El gobierno aprovechó el tema Malvinas para impulsar una amplia reforma de seguridad nacional, un viejo anhelo de Santiago Caputo, que ahora sostiene que quienes no apoyen el proyecto son traidores a la Patria. La iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, con amplias facultades en materia de defensa y seguridad, incluido el poder de requerir información a las provincias y municipios e imponer sanciones. Entre sus tareas estará la creación de la Política de Seguridad Nacional.

Milei y Caputo también aprovecharon el tema Malvinas para restablecer el régimen de derribo de aviones que en su momento había impuesto Mauricio Macri. El artículo 67 del proyecto faculta a las autoridades que identifiquen una aeronave "hostil" a tomar acciones intimidatorias, como disparos de advertencia, pero también autoriza "el uso de la fuerza como acción de último recurso". Esa decisión debería ser autorizada por el Presidente o el Ministro de Defensa.

La misma lógica rige para los buques considerados hostiles. El artículo 73 habilita el empleo de "advertencias visuales y acústicas, maniobras de interposición y disparos de advertencia", que si no tienen efecto pueden dar lugar a "disparos destinados a producir la Inutilización del buque". En última instancia, se autoriza el hundimiento de los buques, aunque se aclara que se prohíbe hundir buques civiles.

El texto también introduce cambios en la Ley de Defensa Nacional, en lo que refiere a su definición; en la Ley de Partidos Políticos, para impedir el financiamiento de extranjeros sin residencia permanente; y en los artículos del Código Penal referidos al delito de Traición a la Patria.

Además, el proyecto incluye un apartado de "fortalecimiento ante la influencia extranjera", con un artículo para el Código Penal que establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes "procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva" o "promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes". Se trata de dos definiciones amplias que, según versiones que circulan en el Gobierno, podrían aplicarse contra opositores o periodistas bajo el argumento de que actúan por orden de algún agente externo.