ESCÁNDALO EN LA ANDIS: COIMAS Y UN INTENTO DE MAQUILLAJE POLÍTICO MIENTRAS CRECE EL ABANDONO DE LOS VULNERABLES

El escándalo por los presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) destapó un entramado de irregularidades que golpea de lleno al Gobierno y pone en evidencia la fragilidad del manejo político en un área clave para miles de beneficiarios.

La salida forzada de Diego Spagnuolo, abogado personal del Presidente, expuso las internas y contradicciones de la gestión. Spagnuolo había admitido “manejos espurios” en las compras de medicamentos, pero lejos de aportar claridad, eligió el silencio y dejó que las sospechas crecieran. Su caída arrastró también a Daniel Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, señalado en los audios como “el delincuente que maneja la caja” del organismo.

Una intervención con sabor a maquillaje

La respuesta oficial fue decretar la intervención de la ANDIS, en teoría para detectar “anomalías o incumplimientos”. Sin embargo, la decisión parece más un intento de control de daños políticos que un verdadero ejercicio de transparencia.

El interventor designado es Alejandro Vilches, hasta ahora secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud y hombre de confianza del ministro Mario Lugones, quien sale fortalecido de esta crisis. “Está muy enfocado en tomar las riendas”, dicen en la Casa Rosada, aunque el desafío que enfrenta es mucho más profundo que una reorganización administrativa: se trata de recuperar la credibilidad en un organismo hoy asociado a corrupción y favores políticos.

El trasfondo: poder, negocios y vulnerables como rehenes

Mientras se habla de informes, relevamientos y recomendaciones, la realidad es que las pensiones y beneficios para personas con discapacidad quedan atrapados en medio de un juego de poder y negocios turbios. El episodio refleja no solo la permeabilidad de los organismos públicos a la corrupción, sino también la irresponsabilidad política de haber colocado al frente de la ANDIS a un abogado ligado personalmente al Presidente, sin la idoneidad técnica ni la independencia necesarias.

Lejos de ser un hecho aislado, los audios y allanamientos muestran que lo que ocurre en la agencia es parte de un entramado mayor, donde las empresas proveedoras y los funcionarios estatales usan la necesidad de los más vulnerables como moneda de cambio.

Un futuro incierto

El decreto de intervención establece la obligación de presentar un informe final sobre la situación de la agencia. Pero la pregunta central sigue sin respuesta: ¿será este un verdadero punto de inflexión o apenas una operación de maquillaje político para ganar tiempo?

En medio del ruido, lo único cierto es que la ANDIS está en el ojo de la tormenta y que la credibilidad del Gobierno queda, una vez más, cuestionada.

La ANDIS es hoy el símbolo más doloroso de cómo la corrupción golpea donde más duele: en los sectores vulnerables. Si el Gobierno no logra demostrar con hechos —y no con intervenciones cosméticas— que puede limpiar la estructura y garantizar transparencia, el costo político y social será enorme. Porque detrás de las maniobras y los nombres propios, hay personas con discapacidad que necesitan soluciones reales, no un nuevo capítulo de cinismo estatal.