La caída del decreto de practicaje destapa la disputa entre Armada y Prefectura

La decisión del Gobierno de derogar el decreto que reformaba el régimen de practicaje no solo frenó una crisis portuaria, sino que destapó una disputa de larga data entre la Armada Argentina y la Prefectura Naval. El conflicto, que tuvo como epicentro la norma impulsada por Federico Sturzenegger, ahora gira en torno a quién debe controlar la formación y la titulación de los prácticos.

El decreto 690/26, que finalmente fue suspendido y luego derogado, buscaba modificar sustancialmente el sistema. Sin embargo, su aplicación generó el rechazo masivo de los aproximadamente 530 prácticos, que se negaron a seguir trabajando bajo las nuevas condiciones. El episodio dejó heridos políticos, entre ellos al propio Sturzenegger, que atraviesa su peor momento dentro del Gobierno, y a la conducción de la Prefectura Naval.

El artículo que encendió la mecha

Uno de los puntos más cuestionados de la norma era el artículo 6, que establecía que, ante una eventual negativa de los prácticos a prestar servicios, tanto la Armada como la Prefectura podrían asumir esas tareas. El problema surgió al intentar llevar esa disposición a la práctica. Fuentes al tanto de la situación explicaron que ni un prefecto ni un oficial naval están en condiciones de reemplazar a un práctico profesional sin la formación, titulación y habilitación correspondientes. Además, señalaron que los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona sin el título requerido, lo que convertía la medida en una solución inviable en los hechos.

El fallido decreto también trasladaba a la Prefectura competencias vinculadas con la formación y titulación de los prácticos, que históricamente estuvieron en manos de la Armada. Según fuentes conocedoras del conflicto, desde la Dirección de Educación de Prefectura se reclamó el traspaso del sistema de titulación, amparándose en el plazo de seis meses que establecía la norma. Con la suspensión y posterior derogación, la Armada respondió que, al quedar sin efecto el decreto, también quedaba suspendido el traspaso de competencias.

Una interna que no se apaga

En este contexto, la Prefectura intentaría mantener abierta la posibilidad de quedarse con la formación y titulación de los prácticos, y evalúa convocar a referentes del sector para discutir el futuro del sistema. La propuesta busca que los prácticos defiendan sus intereses económicos y técnicos, mientras la Prefectura obtiene respaldo para avanzar sobre una competencia históricamente ligada a la Armada. Sin embargo, para buena parte de los prácticos consultados, no existe ninguna razón técnica para modificar un sistema que funciona desde hace décadas.

En la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de gran porte tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función. El ejemplo que utilizan como contraste es que el guardacostas Mantilla, uno de los buques más grandes de Prefectura, tiene alrededor de 60 metros de eslora, mientras que un práctico puede estar habilitado para operar embarcaciones de 300 o 400 metros.

La intención de Prefectura de avanzar sobre la titulación podría convertir el conflicto en una disputa abierta con la Armada, que ya venía tensa por la idea de Sturzenegger de fusionar ambas instituciones por tener tareas similares. Esto aumenta la presión sobre Carlos Presti, quien deberá definir si respalda a la Armada en una discusión que, hasta ahora, parecía estrictamente administrativa, pero que detrás esconde debates de competencias, estructuras, presupuesto y poder interno dentro del Estado.

Una vieja rencilla sin resolver

La derogación del decreto 690/26 evitó una crisis inmediata en los puertos, pero dejó expuesta esta interna. Un militar en actividad la definió como "una disputa innecesaria que activa una vieja rencilla que hay entre dos instituciones a la que el Estado no les llega desde hace años a definir las competencias que son exclusivas de una y de otra y tienen un montón de puntos de roce y que son naturales".

Además, planteó que "la Armada tiene un interés estratégico en conservar la formación y la titulación del personal de la Marina Mercante, incluidos los prácticos, porque todos ellos conforman parte del Sistema Nacional de Defensa. En caso de conflicto, todos los marinos mercantes pasan a ser oficiales de la Reserva Naval, o son oficiales de la Reserva Naval, son movilizados eventualmente de ser necesario para la defensa nacional".

"Son dos fuerzas distintas que hacen en muchos casos la misma tarea. Esto era innecesario. Esta es la gran locura de Sturzenegger. Quieren sacar algo que la Armada tiene hace más de 100 años y ese cambio no genera ningún ahorro para el Estado. La Prefectura no tiene el expertise ni la formación que tienen tanto los marinos de guerra como los marinos mercantes. De hecho, un oficial de prefectura se forma en dos años y un marino de guerra o mercante en cuatro, es el doble", finalizó.