REFORMA LABORAL: EL PROYECTO DE MILEI QUE PERMITE PAGAR VACACIONES Y SUELDOS CON “TICKETS CANASTA”

El Gobierno nacional busca avanzar en una reforma laboral que flexibiliza derechos adquiridos de los trabajadores y reconfigura la manera en que se pagan las vacaciones, los salarios y las indemnizaciones. El proyecto, presentado por la diputada santafesina Romina Diez —jefa de La Libertad Avanza en Santa Fe— en noviembre de 2024 bajo el título “Ley de promociones y empleo”, vuelve a tomar fuerza tras las elecciones legislativas del pasado domingo 26 de octubre, donde el oficialismo sufrió un duro revés en las urnas.

Entre los puntos más controvertidos del texto figura la posibilidad de que una parte del salario se abone mediante “tickets canasta o restaurant”, una modalidad que recuerda los esquemas de los años ‘90 y que, para especialistas laborales, podría erosionar el poder adquisitivo real del trabajador. “No sólo se precariza el salario, sino también su forma de pago, que dejaría de ser totalmente en efectivo o bancarizado”, advirtieron desde distintos sectores sindicales.

Pero el proyecto no se detiene ahí. También propone fragmentar las vacaciones en períodos de al menos siete días, eliminando el carácter continuo del descanso anual. Así, las licencias podrían otorgarse en cualquier momento del año —hasta el 30 de abril del siguiente—, ampliando el margen de decisión patronal y reduciendo la previsibilidad para el trabajador.

Además, se incorpora el “banco de horas”, un esquema que habilita a los empleadores a reorganizar los horarios laborales según las necesidades de producción, lo que podría significar jornadas más extensas y descansos variables. Y, en caso de despido, la empresa tendría la posibilidad de pagar la indemnización en 12 cuotas, un cambio que diluye la compensación económica inmediata que hoy ampara al empleado despedido.

Romina Diez, diputada nacional por Santa Fe y una de las figuras más cercanas al presidente Javier Milei dentro del Congreso, defiende el proyecto como una herramienta para “modernizar el empleo” y “fomentar la contratación formal”. Sin embargo, distintos sectores de la oposición, el sindicalismo y el ámbito académico alertan que se trata de una iniciativa que profundiza la pérdida de derechos laborales, bajo la premisa de una “flexibilidad” que, en la práctica, podría traducirse en mayor vulnerabilidad y precarización.

El texto será debatido en comisiones en las próximas semanas como parte del paquete de reformas “de segunda generación” que el Ejecutivo pretende aprobar antes de fin de año, junto con la tributaria y la previsional. Mientras tanto, la discusión se instala con fuerza en la agenda pública: ¿modernización laboral o retroceso en los derechos de los trabajadores?