SANTA FE Y LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN: NUEVA LEY OTORGA PODERES EXTRAORDINARIOS A POLICÍAS Y FISCALES

La reforma del Código Procesal Penal en la provincia de Santa Fe ha introducido cambios significativos destinados a fortalecer la lucha contra la criminalidad, especialmente en lo que respecta a la narcocriminalidad. Este nuevo marco legal, producto de un amplio consenso tras tres meses de debates, no solo modifica las facultades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la policía sino que también introduce herramientas procesales como la figura del agente encubierto, el informante y el arrepentido. A continuación, se desglosan los puntos clave de esta reforma, sus implicaciones y algunos de los debates que podrían surgir alrededor de la misma.

Allanamientos sin Autorización Judicial

La reforma permite que la policía y el MPA realicen allanamientos sin autorización previa de un juez en circunstancias específicas, como la visibilidad de objetos relacionados con un delito, inmuebles abandonados o intrusados, y situaciones de criminalidad organizada que impliquen un riesgo para la investigación o la seguridad pública. Estas medidas buscan agilizar las respuestas en contextos de urgencia, aunque deben ser comunicadas a la justicia de manera inmediata para su posterior validación.

Ampliación del Poder Policial

Otro aspecto relevante es la mayor autonomía concedida a la policía para iniciar investigaciones penales. Esta facultad pretende optimizar los tiempos y eficacia de las investigaciones desde sus fases iniciales. No obstante, se establecen límites para asegurar que las detenciones y demoras se ajusten a criterios de necesidad y proporcionalidad, destacando la importancia de la identificación de personas en contextos sospechosos sin derivar en detenciones arbitrarias.

Implicaciones y Debates

Mientras que desde el oficialismo y sectores de la sociedad se celebra esta reforma como un avance crucial para combatir con mayor efectividad la delincuencia y en particular el narcotráfico, existen preocupaciones sobre el equilibrio entre la eficacia en la persecución del delito y la protección de derechos fundamentales. Los aspectos más controvertidos, como los allanamientos sin orden judicial y el aumento de poderes policiales, podrían generar debates sobre potenciales abusos y la necesidad de mecanismos de control efectivos.