IMPROVISACIÓN POLÍTICA: INCERTIDUMBRE POR LA CONTINUACIÓN DEL PUENTE SANTA FE-SANTO TOMÉ

La construcción del nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé ha quedado en el centro de una disputa política y administrativa que pone en evidencia la falta de planificación y el manejo conflictivo de las obras públicas en la provincia. Mientras el gobierno nacional de Javier Milei exige la detención de los trabajos por supuestas irregularidades documentales, el gobernador Maximiliano Pullaro se mantiene firme en su decisión de continuar con el proyecto, desafiando la medida y asegurando que los plazos previstos no se verán afectados.

La incertidumbre sobre la continuidad del puente no solo expone la fragilidad de la relación entre Nación y Provincia, sino también la improvisación con la que se manejan obras de esta magnitud. La falta de documentación exigida por Vialidad Nacional para respaldar la ejecución de los trabajos debería ser una señal de alarma sobre los procedimientos seguidos por la administración santafesina. La inversión provincial, que ronda los 40.000 millones de pesos, es un compromiso importante, pero sin la debida transparencia y coordinación interjurisdiccional, corre el riesgo de convertirse en una obra con futuro incierto.

A este panorama se suma el hecho de que la obra es crucial para la conectividad de la región, dado el estado del actual puente Carretero, que desde hace años presenta problemas estructurales. Sin embargo, en lugar de un enfoque articulado que garantice su concreción, lo que se observa es un juego de fuerzas entre dos niveles de gobierno que parecen más preocupados por imponer su postura política que por resolver los problemas de infraestructura de los ciudadanos.

El gobernador Pullaro, junto a su ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y los intendentes de Santa Fe y Santo Tomé, ha exhibido un tono desafiante frente a la orden nacional. Su determinación de continuar con la obra puede interpretarse como un gesto de autonomía provincial, pero también como una apuesta riesgosa si no se resuelven las objeciones legales y administrativas planteadas por Nación. La pregunta que surge es: ¿se está avanzando con un proyecto sólido o simplemente se están priorizando los intereses políticos por sobre la correcta gestión de los fondos públicos?

El nuevo puente es una necesidad innegable para la región, pero su construcción no debería estar sujeta a improvisaciones ni a disputas políticas que dilaten su concreción. La ciudadanía merece certezas y transparencia en el manejo de los recursos, y no quedar atrapada en una pulseada de poder que, hasta ahora, parece más un capricho de gestión que un verdadero compromiso con el desarrollo de la infraestructura provincial.