LA REFORMA QUE INQUIETA A LA ONU: MIENTRAS SE DISCUTE LA REELECCIÓN DE PULLARO, CRECEN LAS DUDAS SOBRE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN SANTA FE

En medio de un proceso clave de Reforma Constitucional en Santa Fe, el foco internacional se posa sobre la provincia. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una advertencia formal al Gobierno Nacional y a la provincia de Santa Fe por posibles violaciones a estándares internacionales en el sistema disciplinario de fiscales, exigiendo correcciones inmediatas para garantizar la autonomía del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La comunicación oficial, firmada por la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, señala con claridad que el actual régimen de designación y remoción de fiscales no respeta los principios básicos de independencia judicial establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos.

Este llamado de atención no ocurre en un vacío. Coincide con el inicio del tratamiento, en el seno de la Convención Constituyente del 25, del artículo que podría habilitar la reelección del gobernador y el vicegobernador. La discusión se activa este martes en la Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo, y tiene como eje la modificación de los artículos 64, 72, 73 y 98 de la Constitución provincial.

Desde el punto de vista político, la cuestión no es menor: ¿puede Santa Fe avanzar con la posibilidad de reelección del actual gobernador, Maximiliano Pullaro, mientras organismos internacionales cuestionan la independencia de los poderes en la provincia?

La ONU exige cambios urgentes y estructurales, pero en el plano local el debate político gira hacia una concentración mayor del poder. La posibilidad de reelección inmediata genera interrogantes sobre los frenos y contrapesos dentro del sistema institucional, especialmente si se mantiene un esquema de control disciplinario sobre fiscales que depende en buena medida del Ejecutivo y el Legislativo.

En lugar de responder con reformas que garanticen autonomía judicial y fortalezcan el sistema republicano, la prioridad parece ser otra: habilitar la continuidad de un liderazgo sin resolver antes los déficits democráticos que ya fueron advertidos a nivel internacional.

El proceso constituyente, que debería ser una oportunidad para consolidar una democracia más robusta y respetuosa de los derechos humanos, corre el riesgo de derivar en una reforma a medida de intereses políticos coyunturales. El reloj corre, y los ojos del mundo están puestos en Santa Fe.