MALESTAR EN LAS PROVINCIAS TABACALERAS

La medida también ha generado controversia con una de las principales empresas del sector, que ha decidido detener un proyecto de inversión por 300 millones de dólares. Ante esta situación, la diputada nacional Carolina Moisés del Frente de Todos-Jujuy ha solicitado la derogación de la Resolución 565/2023 al Ministerio de Salud de la Nación. 

En dos cartas dirigidas a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y a la jefa de la Unidad Gabinete de Asesores, Sonia Tarragona, Moisés expresó su sorpresa y preocupación por la medida adoptada sin consulta previa a los distintos sectores socioeconómicos involucrados y a los referentes políticos que defienden la promoción de las economías regionales como motor del crecimiento y del empleo. La legisladora argumentó que la resolución afecta directamente el empleo y la actividad económica y carece de proporcionalidad con los fines de salud pública que enuncia. Moisés también mencionó que los productos de tabaco calentado reducen el riesgo sanitario frente al consumo tradicional de tabaco en comparación con las otras modalidades habilitadas por la autoridad pública, como los cigarrillos y cigarros de tabaco encendido y en combustión. 

Además, señaló que el sector tabacalero está constituido por más de 150 mil pymes con unos 50 mil productores primarios agrupados en más de 10 cámaras y cooperativas provinciales, 100 empresas de venta mayorista y distribución, y 100 mil kioscos que se ven sumamente afectados por esta decisión. Si se hubieran consultado, habrían podido exponer su postura sobre el tema.